Buena parte de la discusión que hace foco en los fenómenos comunicacionales actuales, asume que la batalla por la inclusión social en las sociedades contemporáneas, supone necesariamente, la superación de una brecha económica como también de una brecha digital. Si bien esto resultaría evidente, el Director académico de Lectura Mundi (Unsam) Fernando Peirone en “los malentendidos de la política 2.0”1 sugiere que el nivel de manejo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) no guarda una relación directa con la cantidad de hogares que tienen computadora e internet, sino con el nivel de acceso y manejo de cierto capital cultural. Por ello, la conectividad podría servir para expresar cierto standard de vida, pero no sería una variable de hierro para establecer niveles de inclusión.
Si esto es así, el fenómeno que ha desatado la irrupción de las tics, junto a la creciente expansión de sus usos y posibilidades, admite ser pensado no solo como un salto cuantitativo de la industria cultural, favorecido por el aparataje tecnológico, sino también como un hecho social que corresponde ser pensando en su dimensión cultural y política.
En ese camino transita la apuesta de muchos países interesados, incluido el nuestro, en incorporar las TICs a la educación formal, partiendo de la noción de que ésta supone el mejor campo para conformar una estrategia cultural y encarar un proceso de inclusión social. Porque, si la cuestión del acceso a las tecnologías de la comunicación es hoy menos económica, y más cultural, es en parte, porque cada vez mas hogares en el mundo han alcanzado el acceso a la conectividad.
El director del programa Lectura Mundi estima que hoy somos 2 mil millones de personas inter-conectadas en el mundo, y que en menos de cinco años ese número lejos de estancarse habrá aumentado exponencialmente, incluyendo la producción y la interacción de gente que no provendrá precisamente de Europa, América del Norte o Japón, sino de China, India y Sudamérica. Debe ser por ello que cada vez mas países de nuestra región toman conciencia de la importancia de regular los procesos de distribución tecnológica y el mercado de las comunicaciones, asumiendo que se trata más de un derecho público, que de un servicio privado.
Ya en 1990 el filosofo y comunicólogo venezolano Antonio Pasquali denunció que “Las nuevas tecnologías (de la comunicación) son inventadas y exhibidas como si se tratase de productos independientes y autónomos capaces de generar luego, por irreversible y espontanea evolución, nuevas sociedades y nuevas condiciones humana”2.
Aquel enunciado adquiere hoy vigencia si repasamos la discusión que tuvo lugar cuando nuestro país sanciono la actual ley de servicios de comunicación audiovisual y quedo demostrado que para transformar la realidad era necesario intervenir en ella. Allí se problematizaron algunas afirmaciones divulgadas por los medios tan antiguas como falaces, quedando en evidencia que los contenidos que vehiculizan éstos no son independientes ya que persiguen intereses creados por los grupos económicos que los controlan, que los operadores mediáticos no son objetivos sino que construyen sus propios significados de acuerdo a las circunstancias políticas y que la tan invocada libertad de prensa camuflaba en realidad aspiraciones de libertad de empresa. El conflicto también revelo que los principales grupos de radio y televisión han conformado un mapa donde coexisten unos pocos oligopolios, capaces de ofrecer la más dura batalla mediática para conservar su posición de dominio, respecto a la distribución de las frecuencias públicas.
Es así que, tras un amplio debate, se aprobó por mayoría en ambas cámaras la ley que regula la actividad audiovisual; contemplando una distribución de las frecuencias públicas que otorga, nada menos que igual participación a los sectores privado, publico y comunitario. Concebida la comunicación como un derecho y no como un servicio, las condiciones de acceso y participación se tornan aspectos fundamentales, en una sociedad que no acepta ser pensada por otros y reclama la posibilidad de producir sus propios significados. Queda hoy pendiente la aplicación del artículo 161, el cual estipula los procesos de desinversión de aquellos grupos económicos que han monopolizado las frecuencias. Artículo que ha dado lugar a recursos de amparos en muchas provincias de nuestro país, donde, en algunos casos, jueces adictos han dictado sentencia a favor de las empresas y en contra de una Ley aprobada en democracia.
Es por ello que recuperar la dimensión política del fenómeno tecnológico en el mundo de las comunicaciones, no es otra cosa que llevar a primer plano la necesidad de constituir una activa demanda por el acceso -libre, universal y democrático- al uso de todas las fuentes y medios de comunicación. Puesto que, formulando estrategias tendientes a facilitar realizaciones concretas en los sectores del derecho de comunicación y de las políticas de comunicación podremos propiciar como sociedad, el advenimiento de sistemas más justos, participativos y democráticos.
1* Fernando Peirone - “Sobre los malentendidos de la política 2.0” – Pagina 12 – 12/11/112*Antonio Pasquali – “comprender la comunicación” – 4°Edicion Monte Avila Latinoamericana 1990
